La Unión Europea ha presentado oficialmente acusaciones contra Google por infringir presuntamente las leyes antimonopolio y por el presunto abuso de posición dominante en el mercado.

La comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, dijo estar "preocupada porque la empresa haya dado una ventaja injusta a su propio servicio de comparación de precios".

Como advertíamos hace pocos días, 2015 podría ser un año negro para Google, que tendrá que enfrentarse a la cada vez mayor presión de las autoridades europeas sobre el omnipotente buscador americano.

En este momento la primera acusación oficial se centra el sistema operativo Android. Según las autoridades europeas Google estaría utilizando su posición dominante al ofrecer de forma obligatoria junto al popular sistema operativo, otras aplicaciones como Gmail, Maps, Now, vulnerando las leyes de competencia.

La Unión Europea quiere investigar también si Google impone condiciones especiales para favorecer que los fabricantes incluyan sus servicios preinstalados en los terminales Android o o incluso la posibilidad de que la compañía haya puesto condiciones especiales para que sean instaladas sus aplicaciones.

Estas acusaciones significan el comienzo oficial de una batalla legal entre EEUU y la Unión Europea, por controlar el mercado global de Internet, que puede tener profundas implicaciones políticas y económicas.

Google ha presentado como defensa un documento interno en el que asegura que Android es un sistema operativo abierto que ha abaratado los precios y es capaz de funcionar en más de 18.000 dispositivos diferentes. Al tratarse de un OS open source puede ser modificado por los fabricantes incorporando sus propios productos que pueden competir con los de Google.

Además la compañía argumenta que es en último caso el usuario quien decide cuáles son las aplicaciones que instala en su dispositivo, las cuales pueden ser descargadas de la plataforma Google Play.

Google, que podría ser multada hasta con un 10% de sus ingresos globales, tendrá 10 semanas para responder a la demanda aunque presumiblemente el proceso tardará años en resolverse.